El sistema de emergencias de la provincia de San Juan ha vuelto a poner en la agenda legislativa un reclamo que lleva más de dos décadas sin resolución: la creación de un marco normativo que brinde protección y seguridad social a sus integrantes. El proyecto de ley, impulsado por los diversos cuarteles de la provincia, busca que los bomberos voluntarios sean reconocidos bajo la figura de agentes públicos no estatales. Esta categorización no es un simple tecnicismo, sino la llave para que aproximadamente 300 hombres y mujeres puedan acceder finalmente a una obra social, seguros de vida y cobertura de ART.
En San Juan, el cuerpo de bomberos voluntarios es el primer respondiente en incendios estructurales, rescates vehiculares y catástrofes climáticas. Sin embargo, los efectivos denuncian que realizan esta tarea vital sin las condiciones mínimas de respaldo que la actividad demanda. “No pedimos privilegios, sino el reconocimiento acorde a la entrega diaria”, sostienen desde los cuarteles, enfatizando que la norma permitiría ordenar, proteger y jerarquizar un trabajo que, hasta el momento, depende casi exclusivamente de la vocación y el esfuerzo personal ante la falta de una cobertura estatal robusta.
La insistencia en este proyecto, que ha sido presentado y postergado durante los últimos 20 años, cobra una nueva fuerza en 2026 ante la necesidad de profesionalizar el servicio y garantizar la retención de personal capacitado. La sanción de esta ley no solo cambiaría la vida “puertas adentro” de los cuarteles, otorgando tranquilidad a las familias de los rescatistas, sino que fortalecería la capacidad de respuesta de toda la provincia. San Juan se enfrenta hoy al desafío de transformar el agradecimiento social en un derecho concreto para quienes arriesgan todo cuando la sirena comienza a sonar.
