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Bomberos de Panama 09 / 02 /2015

Denuncia de corrupción enciende a los bomberos


Una denuncia penal fue presentada contra pasadas y actuales autoridades del Cuerpo de Bomberos de Panamá (CBP) por la compra de camiones y equipos, así como el mal manejo de fondos.

En la acción legal, recibida por el Ministerio Público el pasado 6 de enero, se acusa al exdirector de la entidad Pablo Tuñón, a Roxana Méndez y a Jorge Ricardo Fábrega –en su momento ministros de Gobierno–, a la excontralora Gioconda de Bianchini y al actual jefe del CBP, Jaime Villar.

En la denuncia, interpuesta por Giovanni Jordán Cedeño –por el delito contra la administración pública, en la modalidad de corrupción, peculado y contra la fe pública–, se señala que la empresa Fire Corp., S.A., en consorcio con Rosembauer America, se ganó todas las licitaciones para la adquisición de camiones y equipos para el CBP, promovidas por el Ministerio de Gobierno y el Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Son más de 10 actos públicos, que ascienden a $19 millones, supuestamente con precios y especificaciones técnicas “amañadas”, de tal manera que solo dichas empresas podían cumplir.

A raíz de ello, se pidió se llame a declarar a Tuñón y a Villar porque, según la queja, los camiones presentan daños en las tuberías que conectan la bomba con la transmisión y motor.

A Villar se le acusa porque fue uno de los que acudió en Estados Unidos a la empresa Rosembauer, que fabrica los camiones, para la revisión y aceptación para la compra de los vehículos.

Otros de los defectos denunciados es que los camiones tenían tuberías en la salida de la bomba que no eran de acero inoxidable. Además, la bomba contra incendios no proporcionaba ni la presión ni el caudal requerido y los acondicionadores de aire de las cabinas no funcionaban correctamente.

“Las barras de las luces no mantienen las pulsaciones, solo dos camiones vinieron con sistema de espumas y las computadoras no fueron instaladas”, destaca el documento.

Por ello se insta a llamar a declarar a José Fernández, representante legal de Fire Corp., para que explique sobre la presunta presentación de documentos “falsos” en cuanto a que contaba con la certificación ISO 9001 de seguridad.

Sobre Fábrega y Méndez se indica que ambos autorizaron traspasar fondos de la CBP, provenientes del 5% de las primas brutas que se reciben de las pólizas de seguro contra incendios para gastos de funcionamiento, cuando debían ser asignados a la compra de equipo.

En este caso se trata de un monto que llega al $1.8 millón.

El actual director encargado del CBP, Jaime Villar, y el exministro y expresidente del patronato de la entidad Jorge Ricardo Fábrega dijeron ignorar la existencia denuncia, ya que no han sido notificados.Villar señaló que llegó a la institución después de la adquisición de los equipos y cuando se estaba en el proceso de ver cómo iba la confección de los carros.

Sobre el viaje a Estados Unidos, explicó que sí participó, pero para acompañar a los dos peritos que verificarían si la empresa responsable de los vehículos cumplía con lo establecido en el pliego de condiciones.“Solo fui a ver que los peritos mecánicos cumplieran su trabajo. Yo desconozco de mecánica”, destacó.

Y aclaró que “los vehículos que fueron comprados son los que están operativos y que se están utilizando en un 100% en la entidad”.Mientras que Méndez, ministra de Gobierno de 2010 hasta 2012, dijo desconocer el proceso, no obstante, afirmó que durante su administración todo se llevó a licitación para garantizar la transparencia.

Explicó que las especificaciones técnicas de los equipos eran estructuradas por los propios especialistas de las instituciones y no eran inventadas por ella.Por su parte, Fábrega argumentó no tener la menor idea de lo que se le acusa y no recordaba haber hecho una transferencia de cuenta.

“Si hay una denuncia y la persona tiene documentos, entonces esta discusión la haremos en el tribunal cuando seamos llamados”, dijo Fábrega, quien se desempeñó como ministro de Gobierno desde 2012 hasta finales de la administración de Cambio Democrático.

En tanto, Aurelio Guzmán, abogado de Fire Corp. S.A., señaló que sí conocen de la denuncia, sin embargo, fue categórico al expresar que es “totalmente falso”.

“Aquí no hay ningún documento, ni público ni privado, que la empresa haya falsificado o que el señor Fernández haya falsificado para verse él y su empresa favorecidos en un acto o licitación alguna”, añadió.

Explicó que la compañía tiene más de 12 años en el país ofreciendo servicios como especialistas en la venta de equipos de seguridad para bomberos, alarmas de incendio, extintores y camiones de extinción.

Detalló que la firma comercial hará frente a esta acusación y a cualquiera otra que se presente para que sea investigada por el Ministerio Público.

“Sabemos bien el ambiente en el que estamos, pero la empresa es seria y reconocida, tanto nacional como internacionalmente. Se ha cumplido con todos los requisitos que se ha exigido en los pliegos de cargos”, aseguró.

Además, descartó que se haya coordinado con alguna autoridad de la pasada administración para ser favorecidos con las contrataciones públicas.

También se siente confiado, porque “siempre se ha actuado dentro del marco de lo que manda la ley y que cuando sean llamados por las autoridades responderán”.

En la pasada administración los camisas rojas protestaron en las calles. De hecho, miembros de la Guardia Permanente se atrincheraron fuera de las instalaciones del cuartel Ricardo Arango, en Calidonia.¿El motivo? La compra de los vehículos de extinción, porque no se estaba cumpliendo con las especificaciones.
En ese momento, los agentes detallaban que los vehículos no cumplían con las especificaciones internacionales ni con lo establecido en la ley recientemente aprobada.Incluso, planteaban que los camiones eran para transportar agua y no para las tareas de extinción de incendios.A raíz de sus molestias decidieron marchar a la Presidencia de la República.
Pese a eso, en agosto de 2012 los responsables del CBP anunciaban que Los Santos, Chiriquí, Colón y el distrito de La Chorrera serían beneficiados con la distribución de nueve carros para atención de emergencias e incendios.
Esa entrega formaba parte de una compra hecha a través de la cartera de Gobierno, que comprendía la adquisición de 45 carros de atención de emergencias, por una suma aproximada de $13 millones.Este medio buscó la versión de Pablo Tuñón, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Fuente y foto: www.prensa.com








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